Martina Pasini | La Bolivia que sangra entre el sudor de los pobres
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La Bolivia que sangra entre el sudor de los pobres

El autoritarismo del gobierno de Morales, las políticas neoliberales y la colonización de las multinacionales se oponen a la resistencia de las comunidades indígenas: Bolivia se manifiesta como un país lacerado por conflictos internos, desigualdades sociales, diferencias culturales. A través de la historia de la comunidad de San José de Uchupiamonas, retrato de un país que intenta escapar de la feroz explotación de los recursos naturales, proponiendo un desarrollo económico alternativo basado en el respeto del ecosistema, las tradiciones y las identidades locales.

di Pasini Martina

Bolivia ha sido uno de los países del continente latinoamericano sobre el que ha cargado con más fuerza el yugo del imperio español: la riqueza de sus tierras siempre ha sido una maldición para su gente. La intensiva e indiscriminada explotación de recursos naturales y de vidas es una de las causas del actual retraso económico del país y el ataque continúa: el 13 de agosto de este año el presidente Evo Morales ha firmado la ley 266, que revoca la intangibilidad del Territorio Indígena y del Parque Nacional Isiboro Sécure, más conocido como Tipnis. Partiendo de un análisis del contexto histórico y cultural que ha permitido al gobierno de Morales efectuar una verdadera segunda colonización con la explotación más feroz de los recursos naturales del país, este reportaje se focaliza en los conflictos sociales derivados de la explotación por parte de empresas estatales y multinacionales de territorios y recursos comunitarios, dando voz a los activistas, a los colectivos y sobre todo a aquellas comunidades indígenas que están más afectadas por la sistemática destrucción de aquellos lugares y ecosistemas sobre los que se basa no solo su economía, sino también su cultura. Es el caso de la carretera que destruirá el Tipnis, de la construcción de las mega represas en el Parque Nacional Madidi en la Amazonia, de las perforaciones para la extracción de gas natural en la Reserva Nacional de Tariquía, de la auto explotación a la que están obligados los mineros bolivianos en las regiones mineras.
La deriva nacionalista que muchos países europeos también están abandonando, el racismo, el machismo, la emergencia climática, los problemas derivados de fenómenos migratorios, el capitalismo exasperado, el consumismo, el militarismo, el neocolonialismo son todas problemáticas solo aparentemente desconectadas; en realidad son trozos de un mismo tejido que deben ser afrontados con análisis y soluciones integrados. Los movimientos, gracias a su transversalidad social, al dinamismo y a una consciencia crítica madurada desde abajo, pueden actuar como catalizador e imponerse como motor de cambio: existen alternativas a un sistema capitalista neoliberalista en fase de implosión, erosivo y ya insostenible y pueden ser aplicadas en Bolivia y exportados en Occidente. En una América Latina desde los principios de su historia, el “espacio de maniobra” para teorizar sistemas alternativos es mayor respecto al de Occidente, donde los viejos paradigmas políticos de derechas y de izquierdas han atrofiado ideas y consciencias, aumentando la sensación de desafección, pasividad y desinterés por la política.
Los mineros del Cerro Rico, los habitantes de la comunidad indígena de San José de Uchupiamonas, los campesinos de Tariquía y todos los demás bolivianos que, para sobrevivir, están obligados a desempeñar labores peligrosas y mal pagadas, cuya tierra está abierta y saqueada y cuya cultura milenaria se ha convertido en un fetiche vacío, constituyen la Bolivia que lucha y reivindica, entre sudor y sangre.

 

Una visión general

Bolivia se encuentra en el corazón de América Latina y está rodeada de grandes poderes políticos y económicos como Chile, Brasil y Argentina: el rol económico que cubre es esencialmente el de fabricante de materias primas destinadas a la exportación y de mano de obra barata.
La economía está basada principalmente en la extracción y venta de gas natural y minerales en bruto y en el latifundio donde se cultiva soja, caña de azúcar y coca.
Evo Morales Ayma, jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), ha sido el primer presidente indígena en la historia del país: está en el cargo desde 2006 y el tercer mandato terminará en 2019, sin posibilidad de reelección. En febrero de 2016 el gobierno propuso a la población un referéndum constitucional para permitir a Morales aplicar de nuevo como candidato para un cuarto mandato: los bolivianos dijeron no. “Morales ha perdido el referéndum del 21 de febrero porque se ha olvidado de cuánto ha costado a los bolivianos alcanzar un sistema democrático aunque sea formal”, me explica Gustavo mientras bebemos un café. “Las personas se han dado cuenta que la situación podría haber tomado una postura dictatorial y autoritaria. Sin embargo no se puede decir que en este país exista un verdadero conocimiento de lo que es la democracia: es suficiente que no se instaure nuevamente una dictadura o un régimen militar”. Gustavo Soto Santiesteban ha sido el fundador del Centro de Estudios Aplicados a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Ceadesc), activo en Cochabamba desde 1997 hasta 2015: ha tenido que cerrar debido a las leyes anti-ong y anti cooperación impuestas por el gobierno de Morales. “La mía no era una ONG enfocada al desarrollo económico, pero sí comprometida a fortalecer los lazos culturales y comunitarios dentro de los pueblos indígenas y a hacer que ganaran una experiencia de negociación con el gobierno. Después de que la ONG danesa que nos financiaba fuese expulsada del país, nos quedaban dos opciones: cerrar o vendernos. Decidimos cerrar”.
“Desde el año 2000”, prosigue Gustavo, “el tema del indigenismo se impone con fuerza en el debate público. La primera gran Marcha indígena por el territorio, la vida y la dignidad se remonta a 1990: durante 34 días, personas provenientes de diversas comunidades indígenas caminaron desde Trinidad hasta La Paz, obteniendo el reconocimiento de ‘’Tierras Comunitarias de Origen’’ (TCO), por diferentes territorios de la Amazonia, entre ellos el Parque Nacional Isiboro Sécure, más conocido como Tipnis. Las TCO, obtenidas bajo gobiernos que pueden ser definidos como neoliberales, como aquello de Gonzalo Sánchez de Lozada, son tierras colectivas: no pueden ser vendidas o fragmentadas, ni mucho menos hipotecadas. Las comunidades indígenas trabajan en estas tierras, que son sus territorios ancestrales, ya sea el derecho de usufructo, como el de la consulta previa: el Estado debe consultarles antes de tomar cualquier decisión sobre ellas. De este modo se aplica la autodeterminación establecida por la Constitución: el Estado, a través de la consulta previa, debería proteger a los pueblos indígenas y sus tierras, es un reconocimiento de poder desde la base.
En la mente de muchas personas Bolivia es el Lago Titicaca y los altiplanos, comúnmente llamados tierras altas. En realidad la región del Chaco-Amazonia, conocida, sin embargo, como tierras bajas, ocupa alrededor del 70 por ciento del territorio boliviano: son las tierras orientales, aquellas menos densamente pobladas. Desde 1990 hasta hoy, la marcha ha sido utilizada muchas otras veces por los habitantes de las tierras bajas para reclamar los propios derechos: es una modalidad de protesta totalmente pacifica, a pesar de que algunas veces las reacciones de las fuerzas del orden no lo han sido, como demuestra el caso de San Miguel de Chaparina en 2011(1). Desde el punto de vista histórico, las tierras bajas son una de las pocas zonas que los Incas no consiguieron someter: conquistaron todas las poblaciones desde el sur de Colombia hasta el norte de Argentina, incluyendo la mitad de Chile, pero nada pudieron hacer contra el grupo étnico tupi-guaraní, las poblaciones de la región de Chaco-Amazonia. Los guaranís se autodefinieron como “hombres libres, sin Estado y sin patrón”.
No se necesita un ojo experto para entender lo diferentes que son entre ellas las comunidades de las tierras altas y las de las tierras bajas, tanto desde el punto de vista cultural, como en lo que se refiere a los usos, costumbres y naturaleza: bajando en un autobús que comunica Santa Cruz con Trinidad, parece que se llega a otro país; las Bolivias, de hecho, son dos. “Los andinos”, me explica Gustavo, “tienen una concepción hostil de los árboles: los bosques son lugares donde se puede esconder un peligro, el mal. Cuando adquirieron los territorios de la Amazonia, lo primero que hicieron fue quemar los árboles, porque donde hay un árbol puede haber un jaguar o una serpiente, animales que, sin embargo, para las comunidades de las tierras bajas son sagrados. Forma parte de la cultura del ‘’quema y cosecha’’. ‘’El Evo’’, como todos llaman a Morales, forma parte de la nación indígena Aymara originaria de los altiplanos y, antes de convertirse en presidente, fue uno de los líderes sindicales de los cocaleros, los cultivadores de coca, que desde las tierras altas se mudaron para colonizar las zonas tropicales. Existen dos tipos de coca”, prosigue Gustavo: “la que se utiliza para pinchar, es decir para masticar, cultivada principalmente en la región de La Paz y Cochabamba, y la de Chapare, destinada a la producción de la cocaína y al narcotráfico. En la zona llamada Polígono 7, que forma parte de Chapare y de Tipnis, se cultiva desde hace muchos años este tipo de coca, y ahora las tierras están extremadamente empobrecidas. Por ello los cocaleros quieren aumentar los cultivos dentro del Parque Nacional Isiboro Sécure, pero para ello necesitan la abrogación de la Ley 180, la cual sanciona la intangibilidad del parque”.
La hoja de coca es autóctona de la región de las yungas, donde las precipitaciones son abundantes y están presentes determinados minerales en el terreno que permiten un crecimiento equilibrado. Cultivar la coca en la pampa, donde las condiciones ambientales son completamente diversas, obliga al uso de mucho agua en una zona donde escasea y de antiparasitarios que contaminan una de las zonas más ricas en biodiversidad y más frágiles en el mundo. “Los cocaleros del Polígono 7 son los grandes emperadores del cultivo, de la producción, de la transformación y de buena parte de la comercialización de la cocaína”. Gustavo me explica que toda la cadena productiva en Bolivia está en las manos de las mismas personas: nos encontramos frente a una especie de narco-capitalismo popular gestionado completamente por los sindicatos. “No hay clanes o signos, como en otros países de América Latina: ha tenido lugar una democratización de la cadena productiva y comercial. El dinero se mueve en el circuito del comercio informal, porque la misma producción es informal. Según las estadísticas sobre el uso del Centro de estudios para el desarrollo laboral y agrario (Cedla), en Bolivia solo el 30 por ciento de la población tiene un trabajo regulado por un contrato, el resto es negro. Y de este 30 por ciento más de la mitad son empleados públicos, que no pueden cuestionar la labor del Estado porque perderían el trabajo”.
Gracias al boom del 2006 del precio de las commodities – es decir de las materias primas como el gas, el petróleo, los minerales – y a un poderoso aparato de propaganda, el actual presidente consiguió una popularidad y un apoyo sin precedentes. “En realidad”, prosigue Gustavo, “algunas de las políticas económicas ‘’socialistas’’ sobre cuyo suceso alardea el gobierno, son pura propaganda: por ejemplo, la nacionalización de los hidrocarburos en realidad nunca sucedió. En primer lugar, la Ley 3058 sobre los hidrocarburos fue promulgada en mayo de 2005 por Hormando Vaca Díez, presidente del Congreso del gobierno precedente, como resultado del referéndum del 2004. Esta ley, entre otras cosas, establecía que la suma de las royalties y de los impuestos directos no debería ser en ningún caso inferior al 50 por ciento del valor de la producción de los hidrocarburos; este aumento en los impuestos impulsó en gran medida el crecimiento de los ingresos. En segundo lugar, lo que Morales vende como una nacionalización es simplemente un cambio formal de los porcentajes de participación en la producción de gas: no ha habido una transferencia real de la gestión de los campos de hidrocarburos por parte de las empresas extranjeras a las de la YPFB, la empresa estatal”.
Son muchos los malentendidos creados deliberadamente en estos diez años de gobierno de Morales “pero lo peor es el uso que han dado a la teoría del vivir bien, cuyas raíces están en la cultura indígena que desmantelan cada día. Vivir Bien es una palabra polisémica y es la traducción en castellano de numerosos conceptos indígenas: para el pueblo guaraní significa ‘’nuestro camino, nuestro modo de ser’’, para el Aymara, ‘’nuestro mejor modo de vivir’’. El gobierno ha mitologizado e instrumentalizado la teoría del vivir bien para consolidar su ficticia identidad indígena y ecologista, pero ya desde 2010 estaba claro que el plan económico era totalmente otro: desarrollista y contra el vivir bien”.
“El vivir bien”, concluye Gustavo, “es una orientación y debe ser aplicado en el programa económico y político, no simplemente citado en un papel. La construcción de carreteras y presas en territorios indígenas y parques naturales, las políticas de extracciones exasperadas, la deforestación: no hay nada en todo esto que sea lejanamente coherente con la teoría del vivir bien”. Pago el café y salimos.

 

Resistir a una muerte silenciosa: el caso de las presas en el Parque Madidi

“La ciudad de Rurrenabaque en el Beni es la puerta de ingreso a tres áreas protegidas de intereses nacionales: el Parque Nacional Madidi, la Reserva Pilón Lajas y la Reserva Municipal Pampas del Yacuma. Estos territorios son llamados ‘’tierras bajas’’. Aquí no estamos organizados en cooperativas y sindicatos, como sucede en las comunidades campesinas del altiplano, acá estamos organizados en pueblos indígenas. Cada pueblo tiene una autoridad, llamado corregidor o cacique, que con el apoyo de un directivo representa la comunidad y defiende sus intereses”.
Alex Villca Limaco tiene los dedos muy largos, de pianista. Los miro mientras acarician el mapa de la región colgado en la pared de su oficina en la ciudad de Rurrenabaque. Alex es el portavoz del Coda, una organización de la sociedad civil sin ánimo de lucro que coordina la defensa de la Amazonia. En este periodo está trabajando para conciliar la estrategia de lucha de la Mancomunidad de comunidades indígenas de los ríos Beni, Quiquibey y Tuichi y el proyecto del Coda, en el que militan personas que, como él, son originarias de las naciones indígenas de la zona pero que viven en la ciudad por motivos laborales. El primer objetivo del Coda es crear un espacio en la ciudad donde se pueda discutir y profundizar sobre la temática socio-ambiental y el segundo es hacer un llamado a otros colectivos de la región amazónica para ampliar el abanico de información y de lucha. La idea de fondo es crear organizaciones que luchen por la defensa ambiental y por los derechos de las comunidades indígenas en todo el continente latino-americano: es necesario unirse, este es el eslogan de memoria guevariana llevado a cabo por Alex con determinación.
“Hasta ahora nuestras luchas han sido aisladas e individuales: la situación tiene que cambiar, estas batallas tienen que avanzar juntas, ignorando las fronteras geográficas, porque los pueblos indígenas nunca hemos tenido fronteras. La defensa de la Madre Tierra debe tener lugar a través de los ecosistemas: si fuera así, las naciones indígenas de los nueve países sudamericanos lucharíamos unidos por la defensa de la Amazonia. En mi opinión, deberíamos dejar de considerarnos solo como países y comenzar a ‘’leernos’’ como macrorregiones. Por ejemplo, la lucha contra las megarepresas de Chepete-El Bala debería llevarse a cabo por todos los pueblos indígenas que se encuentran a lo largo del río Beni. Sería un razonamiento ciego dejar solas a aquellas comunidades que sufren directamente las consecuencias de estas megaobras: si se modifica ligeramente el flujo del río se dañan tanto los pueblos de aguas arriba como los de aguas abajo. El gobierno minimiza el impacto ambiental de estos proyectos, diciendo que los territorios involucrados son solo una mínima parte: nuestro cuerpo puede vivir sin un brazo, pero ¿será que volveríamos a ser como antes?”, se pregunta Alex.
El Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi (PN-ANMI) se encuentra en el Noroeste del departamento de La Paz y es considerado una de las reservas con mayor diversidad de flora y fauna a nivel mundial. Nace el 21 de septiembre de 1995, en un contexto de dudas y polémicas: si bien por una parte representaba la voluntad de protección por parte de un gobierno que demostraba por primera vez un interés serio en el medio ambiente y las comunidades indígenas, por la otra parte era motivo de preocupación para estas últimas. “Cuando el gobierno decidió crear el parque”, me explica Alex, “preguntó a todas las comunidades si estaban de acuerdo y la mayoría no lo estaba, porque tenían miedo de perder el trabajo y el acceso a los recursos que les permitían vivir. Muchos se dedicaban a la extracción de materias primas, a cortar y trabajar en la madera, a la caza y a la pesca: con la creación del parque todo aquello estaría prohibido. A las compañías que comerciaban con madera les dieron dos años de margen para que abandonaran la zona, con controles periódicos por parte de las instituciones para certificar que aquello sucediera. El parque tiene una extensión de casi 19 mil km2: en el territorio están presentes alrededor de veinticinco comunidades indígenas diversas. “En San José de Uchupiamonas, la comunidad de la que provengo y es la única que se encuentra completamente al interior del parque”, continúa Alex, “está activo desde 1992 el proyecto Chalalan: el primero completamente enfocado al eco-turismo. También por este motivo los habitantes de San José hemos apoyado desde el principio el proyecto de creación del parque, desgraciadamente ahora no estamos tan unidos en rechazar las mega-obras del gobierno”.
El proyecto hidroeléctrico El Bala prevé la construcción de dos mega represas, una en el estrecho de Chepete de 158 metros de altura y otra en el Bala de 22 metros denominada central de pasada: el plan es construir la primera en los próximos dos años y la segunda dentro de los próximos diez años. Según los estudios de Geodata, la empresa de Turín con la que la Empresa Nacional de Electricidad (Ende), por invitación directa, es decir, sin ninguna oferta, ha firmado en julio de 2016 un contrato para la elaboración del “Estudio de diseño técnico”, la represa del Chepete inundará un área de alrededor de 679,98 km2: una superficie cinco veces superior a la mancha urbana de la ciudad de La Paz. El coste estimado es de 6 mil millones de dólares.
“Es la primera vez en la historia de Bolivia”, explica Alex, “que se pretende invertir tanto dinero en un único proyecto, del cual los únicos beneficiarios son el gobierno y las transnacionales, desde luego que no los pueblos indígenas. No nos están apuntando con una pistola en la cabeza, pero nos están induciendo a una muerte silenciosa: si nos echan de nuestras tierras y nos trasladan a lugares incognitos, lentamente desapareceremos. Nuestra resistencia ha alcanzado su punto máximo en noviembre de 2016 cuando, después de doce días de protesta, conseguimos que la Geodata se fuese. El gobierno decidió minimizar nuestra intervención en los medios de comunicación, describiéndonos como gente de derechas pro-estadounidense, extranjeros de ONGs, opositores del desarrollo del país. Poco tiempo después, empezaron a llegar a todas las comunidades representantes del gobierno: la intención era ablandarnos con promesas y ofertas de servicios básicos que deberían estar garantizados ya de por sí, como agua corriente en las casas, luz eléctrica, postas sanitarias, escuelas. El gobierno está engañando a nuestras comunidades con falsas promesas, nos está comprando y, lo que aún es más peor, nos está dividiendo, rompiendo incluso vínculos familiares. Estas dos mega represas no van a inundar solo nuestros territorios”, prosigue Alex, “también dañan irreversiblemente una de las reservas más ricas de biodiversidad del planeta, patrimonio natural y cultural que no solo es de los pueblos indígenas, sino de toda la humanidad. Morales va a los congresos internacionales presentando su gobierno como defensor de la madre tierra y de los derechos de los pueblos indígenas: son todas mentiras, y es necesario que la prensa internacional difunda la verdad. Las naciones indígenas de las tierras bajas tenemos una cosmovisión diferente que la que tienen los originarios que viven en las tierras altas. Para nosotros las montañas, los bosques, los animales representan nuestra historia y nuestra cultura, aquello que nos permite vivir, que nos cura cuando estamos enfermos, aquello que en el pasado nos vistió. No vemos la naturaleza solo como un recurso económico, porque sabemos que formamos parte de ella y que es nuestro deber protegerla. El planeta necesita encontrar un equilibrio sostenible, porque los recursos que tenemos son cada vez más pequeños. Nuestra resistencia tiene un fundamento que no es de derecha, pero tampoco de izquierda: no nos sentimos representados por ninguna de las dos partes, nuestra lucha es diferente. Queremos reconstruir la política: hay maneras alternativas de considerar y administrar los recursos naturales, al igual que hay otras maneras de gobernar desde el respeto a la diversidad”.
“Si nos vamos, nos iremos muertos’’. Así lo han dicho las señoras más ancianas del pueblo durante la asamblea que tuvimos ayer por la tarde. Hasta la semana pasada la comunidad estaba unida en la decisión de rechazar cualquier propuesta; en los últimos días han llegado personas enviadas del gobierno, ofreciendo escuelas y otros servicios y se ha creado un poco de confusión. Pero ayer nos reunimos y decidimos mantenernos unidos y posicionarnos firmemente contra el gobierno respecto a la construcción de estas megaobras en nuestro territorio. Aquí hemos nacido y aquí moriremos, no tenemos miedo a nadie”. Es Noé Marcos Macuapa, corregidor de la comunidad de San Miguel del Bala, quien habla de la costa oeste del Río Beni, a media hora en canoa de Rurrenabaque. San Miguel es una de las comunidades que tendrá que afrontar la recolocación si se construyen las dos megapresas en el Estrecho de El Bala y del Chepete. Noé tiene treinta años y una bonita familia: la mujer nos invita a acomodarnos al aire libre y nos ofrece un vaso de limonada fresca, mientras la hija de dos años juega en el patio. Su casa está formada por tablas de madera y un gran techo de jatata, construida a medio metro sobre el suelo: la ha construido él mismo en la orilla del río.
“Mi comunidad, como las demás que se encuentran a lo largo del río, siempre ha vivido de la caza y de la pesca: éramos seminómadas. En 1995, con el nacimiento oficial del Parque Madidi, estas actividades con fines comerciales fueron prohibidas: solamente nosotros los indígenas teníamos acceso a los recursos para sustento de nuestras familias. La siguiente decisión fue invertir en el turismo comunitario: así empezamos a buscar financiamiento a nivel nacional e internacional. No teníamos ni idea de cómo se trabajaba con los turistas: para nosotros cada persona que tuviera la piel clara era simplemente un gringo. Poco a poco aprendimos los idiomas, aprendimos a hacer de guías, a cocinar alimentos que pudieran gustar también a los turistas. Han sido etapas largas y años muy difíciles: para nosotros fue un cambio drástico. Empezar a ver los animales que anteriormente cazábamos en el bosque como una atracción turística y no como comida, fue una de las cosas que nos costó más esfuerzo: veíamos un tapir y nos lo imaginábamos a la parrilla”.
“Después de más de diez años”, continúa Noé, “nos llega otra pésima noticia, una verdadera pesadilla: a las puertas de nuestra casa sería construida una presa gigante para la producción de energía eléctrica. Muchos miembros de la comunidad no tenían ni una mínima idea de qué era una presa: se les explicó que el curso del río sería interrumpido y que se construiría una muralla de 160 metros. Cuando nos dieron esta noticia la empresa italiana Geodata estaba ya haciendo estudios de perforación tanto en el estrecho de El Bala como en el Chepete. Toda esta área es una TCO: las empresas no pueden entrar y trabajar en ellas sin nuestro consentimiento. Ha estado violada tanto la Constitución boliviana, en la cual viene especificado que las intervenciones como esta deben ir precedidas por la consulta previa, como el acuerdo internacional 169 de la Organización internacional del trabajo. No hemos sido informados, nadie ha venido a explicarnos cuál era el proyecto, cuáles serían las consecuencias o los beneficios para nosotros y nuestro territorio. El gobierno nos ha dicho sucesivamente que nos convertiríamos en el centro energético de Sudamérica y todos nosotros nos hemos preguntado: ¿por qué? ¿Por qué no ser el centro turístico de Bolivia, invirtiendo en energía solar y eólica, protegiendo nuestro ecosistema y nuestra cultura ancestral? ¿O bien el centro agro-ecológico del país, centrándonos en el cultivo de productos ecológicos para una agricultura sostenible? No nos oponemos al desarrollo económico, pero siempre a condición de que sea llevado a cabo de manera responsable y comprometida con el medio ambiente, como prescribe nuestra cultura: sería un irresponsable si aceptase la construcción de estas presas. El gobierno en cambio nos promete trabajo, luz eléctrica, pero son ilusiones que con el tiempo hemos aprendido a reconocer: sabemos por experiencia que nada se cumplirá. La nuestra es una lucha justa, porque estamos defendiendo nuestra casa, la tierra donde hemos nacido y donde vivimos felices. Queremos que el gobierno respete nuestro modo de vivir”.
Noé está en el cargo desde hace solo tres meses: es muy firme en su postura. Ha estudiado en Rurrenabaque, y es perfectamente consciente de sus derechos como indígena y como boliviano. Los ojos son los de quien no tiene miedo de defender la propia identidad, la propia cultura y la propia historia. “Es una etapa muy difícil para mi comunidad”, me explica, “y lo que necesita es un líder que la mantenga unida. Hay mucha preocupación entre la gente: por el momento no han empezado las construcciones, pero el diseño final tiene que ser entregado antes de diciembre. En enero el gobierno ya tendrá todo lo que necesita para comenzar. Todos los días las personas me preguntan qué será de ellos y de sus casas, dónde les mandarán a vivir. Y yo verdaderamente no sé qué responder”.
Llegar a San José de Uchupiamonas es difícil, física y psicológicamente. Si el camino es accesible, la solución más fácil y rápida es pagar a alguien que tenga una moto y esté dispuesto a acompañarte. Coches que hagan el trayecto hay poquísimos: a veces pasan días hasta que alguien va a San José. Caminando se necesitan ocho horas para llegar y otras tantas para volver: las personas normalmente pasan la noche en el bosque. En Tumupasa, un pequeño pueblo perdido en el Amazonas, me resulta difícil encontrar a alguien dispuesto a llevarme en moto: son dos horas de trayecto, es necesario atravesar pequeños ríos, el barro en algunos puntos llega a las rodillas, y durante la primera media hora los senderos están llenos de grandes piedras, nadie tiene casco y las motos son todas enduro, sin asiento para una segunda persona.
Después de algún intento encuentro a Michael, un albañil: acordamos el precio, vamos a poner la gasolina y arrancamos. Michael me da una gran bomba para inflar los neumáticos por si acaso se desinflan: la debo tener en las manos durante todo el viaje, lo que no me permite agarrarme a él con ambas manos. “San José no tiene ningún tipo de servicio básico: luz eléctrica, carreteras, agua corriente en las casas. Los niños por la noche estudian todavía con velas”. Denis Lucia Aliaga representa la comunidad: el pueblo es un tipo de edén en el bosque amazónico, donde viven cerca de 60 familias. “Hubo un tiempo que éramos muchos más: en los últimos años muchas personas se han ido para buscar trabajo en otra parte, pero si la situación mejorara, creo che volverían a vivir aquí. Somos una comunidad muy unida, a pesar de que en el tema de las presas no estemos todos de acuerdo: algunos apoyan al gobierno, otros no. Pero aquellos que están de acuerdo, lo están solo porque están cansados de las condiciones de vida tan duras y esperan que el gobierno cumpla su palabra. En 2017 caminamos aún ocho horas para transportar como mulas aquello que necesitamos y que no podemos producir en la comunidad, como el azúcar. Poquísimas personas pueden permitirse un automóvil, y una barca de aquí a San Buenaventura cuesta 2500 bolivianos. En cualquier caso, cuando la comunidad se lo puede permitir, el sendero que lleva a Tumupasa es transitable en automóvil solo durante tres meses al año(2): desde julio hasta septiembre. Yo personalmente creo que si las otras comunidades aceptan las ofertas del gobierno, nosotros haremos lo mismo. De todas maneras, por el momento no ha habido ningún acuerdo”.
Después de haber hablado con Denis, busco a doña Isabel Alvarez: ella y otras mujeres de San José están decididas a impedir de cualquier modo la construcción de las presas. La encuentro en casa mientras hace compañía a su nieta que tiene fiebre. “Hace aproximadamente dos meses”, me cuenta, “llegaron unos hombres a San José: vienen aquí solo cuando necesitan algo. Nos informaron que harían las perforaciones aquí cerca para la búsqueda de petróleo y gas natural, pero que el daño sería mínimo. ¿No te lo ha contado Denis?”.
Busco a Michael y lo encuentro mientras intenta vender su moto. Tomamos el camino de regreso.

 

(1): El 25 de septiembre de 2011 las fuerzas del orden bolivianas atacaron violentamente el campamento de la VIII marcha indígena en defensa del Tipnis, en la comunidad de San Miguel de Chaparina, en el Beni. La marcha, totalmente pacífica, había iniciado el 15 de agosto en Trinidad, y tenía como objetivo la sede del gobierno en La Paz. Estaban presentes familias completas: nadie se salvó, hubo más de 74 heridos y algunas personas fueron encarceladas. La violencia de la intervención sacudió la opinión pública: muchas personas fueron golpeadas y esposadas delante de sus propios hijos. A día de hoy, nadie ha sido condenado por la violencia ejercida hacia los manifestantes.

(2): La carretera a San José es poco más que un sendero en el bosque amazónico. Pequeños ríos bloquean la ruta y el nivel de humedad de la zona es bastante alto. Los trabajos que permiten mantener la carretera transitable durante al menos 3 meses al año – el corte de la vegetación que de otro modo se tragaría la carretera, la nivelación del terreno para evitar que haya demasiado barro – están a cargo de la comunidad de San José